No fue Andrés Manuel López Obrador quien levantó la ceja, tampoco un opositor de sobremesa televisiva. El señalamiento proviene de la propia Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico del Estado que acaba de documentar irregularidades por otros 59 mil millones de pesos en el último año del sexenio. Entre los nombres que aparecen están Pemex y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La información fue difundida por medios de comunicación nacional , aunque el dato incómodo no es el medio sino el monto.
La cifra no es menor, es dinero público, es presupuesto que pudo destinarse a hospitales, carreteras en Baja California, transporte digno en Tijuana o infraestructura hídrica en Mexicali. En cambio aparece bajo la etiqueta de “irregularidades”, palabra elegante para describir un catálogo que suele incluir pagos sin comprobar, contratos opacos, obras infladas o simplemente expedientes incompletos.
Durante años el discurso oficial se construyó sobre la promesa de erradicar la corrupción del pasado neoliberal, se nos dijo que el problema era de otros gobiernos, de otras siglas, de otra moral pública. Ahora la observación surge dentro del propio aparato estatal dirigido por morena. No es un ataque de la derecha, no es una campaña extranjera, es una auditoría formal que revisa cuentas con metodología técnica.
La pregunta no es si existen irregularidades, la ASF confirma que existen. La pregunta es si habrá consecuencias reales, en Baja California conocemos bien la liturgia del escándalo administrativo: se anuncia, se promete investigar, se promete sancionar, luego el expediente duerme hasta que la memoria colectiva se cansa.
Pemex ha sido defendida como símbolo de soberanía, la SICT administra obras que se presentan como palanca de desarrollo, si ambas concentran observaciones millonarias, el problema no es ideológico sino estructural. La opacidad no cambia de color con el partido.
Quizá esta vez la narrativa oficial no tenga a quién culpar, quizá esta vez la lupa esté sobre los propios aliados. La verdadera prueba del discurso anticorrupción comienza cuando el señalado es de casa.
