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La BMA advierte retrocesos en derechos humanos tras reforma a la Ley de Amparo

La Barra Mexicana de Abogados alertó que la reforma a la Ley de Amparo vulnera derechos adquiridos, limita la defensa ciudadana y representa un retroceso en materia de derechos humanos.

CDMX.– La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) expresó su preocupación por la reciente reforma a la Ley de Amparo, publicada el pasado 16 de octubre, al considerar que las modificaciones representan retrocesos en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.

En un pronunciamiento firmado por su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, la BMA señaló que las reformas aprobadas restringen la figura de la suspensión provisional y definitiva, al imponer nuevos requisitos que dificultan su obtención y limitan la posibilidad de defensa de los ciudadanos frente a actos de autoridad.

Asimismo, la organización calificó de inconstitucional el artículo tercero transitorio del decreto, al disponer la aplicación retroactiva de la ley, lo que —según argumenta— vulnera derechos adquiridos y contraviene los principios de seguridad jurídica y certeza legal.

La BMA enfatizó que ninguna reforma debe debilitar el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual establece que las normas deben ampliar y no restringir las garantías individuales.

“Exhortamos a las autoridades del Estado mexicano a abandonar estructuras y prácticas incompatibles con los derechos humanos y a establecer mecanismos que prevengan violaciones a la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia”, puntualizó Kudisch Castelló.

El organismo recordó que, previo a la aprobación del decreto, realizó diversos foros académicos, conversatorios y reuniones con legisladores, con el propósito de analizar las implicaciones del proyecto y formular propuestas en defensa del Estado de Derecho.

La Barra Mexicana reiteró su disposición a seguir dialogando con el Congreso de la Unión y el Poder Judicial para impulsar reformas que fortalezcan la justicia constitucional sin menoscabar las garantías ciudadanas.

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