Otra vez, las autoridades educativas de Baja California quedan reprobadas. Esta vez el examen lo aplicaron los estudiantes de la presunta “Preparatoria Josmach”, que hoy marchan por las calles de Tijuana exigiendo justicia tras descubrir que su escuela era un espejismo: sin reconocimiento oficial, sin validez académica y sin la menor supervisión de la Secretaría de Educación.
El caso es un retrato fiel del caos institucional en el sistema educativo estatal. Mientras los funcionarios presumen programas de “regularización” y campañas de “transparencia”, una escuela “patito” pudo operar impunemente durante meses, cobrar inscripciones, colegiaturas y hasta certificaciones falsas sin que nadie en la Secretaría lo notara. O, peor aún, sin que quisieran notarlo.
Los testimonios son desgarradores. Jóvenes que se quedaron sin posibilidad de entrar a la universidad, padres que perdieron sus ahorros y hasta un hombre de 63 años que vio desvanecerse su sueño de terminar la preparatoria. Todo por confiar en un sistema que debería protegerlos, no abandonarlos. La estafa no fue solo económica, fue moral.
Resulta insultante que, ante un fraude de este tamaño, las autoridades respondan con su clásico “se está investigando”. La Secretaría de Educación debió clausurar ese plantel desde el primer indicio, pero en Baja California parece que el sello oficial se otorga más por omisión que por revisión. ¿Cuántas “Josmach” más estarán operando bajo el radar?
Mientras los burócratas se pasan la papa caliente, los afectados marchan por lo que el Estado les negó: certeza. La educación, en teoría, debería abrir puertas, no cerrarlas con candado administrativo.
Es tiempo de que el gobierno estatal deje de mirar a otro lado y actúe con la misma energía que usa para presumir obras o inaugurar bachilleratos improvisados. Porque la educación pública y privada también se mide por la capacidad del Estado para evitar que el fraude se vuelva costumbre.
