Cuando Alejandro “Alito” Moreno hace un llamado a Washington para denunciar a Adán Augusto López, no está abriendo un frente político: está exhibiendo (sin querer) la tragedia nacional. Porque, ¿en qué país vivimos cuando los mismos funcionarios que deberían velar por el pueblo no confían en las instituciones mexicanas y prefieren tocarle la puerta al FBI y a la DEA? La respuesta es incómoda: en un país donde la justicia local sirve más para archivar carpetas que para impartir justicia.
La acusación es explosiva: exfuncionarios de seguridad tabasqueños ligados a un grupo criminal, operaciones de contrabando de crudo hacia Estados Unidos, encubrimientos desde el poder, si todo esto es cierto, la magnitud del escándalo sería suficiente para cimbrar al Senado, pero la pregunta no es sólo qué tan cierto es lo que dice Alito, sino por qué ningún fiscal, ninguna unidad de inteligencia financiera, ningún órgano anticorrupción de México se atreve a investigarlo.
El dirigente priista convierte a las agencias extranjeras en árbitros de la política nacional, como si en México no existiera un aparato de justicia capaz de enfrentar a un exsecretario de Gobernación y eso, en sí mismo, es una confesión brutal: la desconfianza en las instituciones es tal, que hasta los políticos recurren al extranjero para que los crímenes no queden impunes.
En Baja California lo sabemos bien: ¿cuántas denuncias por corrupción han terminado en el limbo? ¿Cuántas investigaciones contra exgobernadores, alcaldes o funcionarios quedaron enterradas en oficinas polvorientas? Lo de Alito y Adán Augusto no es la excepción, es la regla, la justicia mexicana no castiga, administra impunidades.
Mientras tanto, en el Senado, Adán Augusto sigue sentado como si nada y Morena defiende su permanencia como si se tratara de un mártir. La escena roza lo grotesco: acusaciones de crimen organizado ventiladas en Estados Unidos y aquí, la política convertida en teatro de sombras.
Vivimos en un país donde los ciudadanos tienen que pagar “mordida” para que avance una denuncia y los políticos corren a Washington porque en México nadie les cree, la justicia no se busca aquí, se terceriza y esa, quizá, es la prueba más contundente de que el Estado de derecho en México no está enfermo: está en coma.
