La frontera entre lo religioso y lo político en México se difumina peligrosamente con La Luz del Mundo (LLDM), una congregación encabezada por Naasón Joaquín García (condenado en EE.UU. por abuso sexual de menores), que hoy aparece vinculada a políticos de Morena y a intentos de infiltración en el Poder Judicial.
Mientras en la arena pública se discute la candidatura de jueces ligados a la iglesia, en Michoacán se destapó otro frente: un grupo armado de 38 miembros de LLDM fue detenido en Vista Hermosa mientras realizaba entrenamientos con armas de fuego, supuestamente para “enfrentar el apocalipsis”. Una jueza ordenó liberarlos alegando irregularidades en la detención, pese a la flagrancia. El gobierno estatal y la FGR ya anunciaron apelaciones, señalando que el uso de armas es exclusivo del Estado.
El caso confirma lo que diversos analistas advierten: la iglesia no es solo una organización religiosa, sino un actor con ambiciones de poder político y militar, a nivel legislativo, nombres como Favio Castellanos Polanco, Hamlet García Almaguer y Emmanuel Reyes Carmona, todos militantes de Morena, han sido identificados como miembros o simpatizantes de LLDM.
La red se extiende también al ámbito judicial, aspirantes a jueces federales como Job Daniel Wong (exministro religioso) o Madián Sinaí Menchaca, hija de un obispo de la congregación, ya fueron señalados por su cercanía a la iglesia. El riesgo es claro: que quienes impartan justicia respondan a intereses confesionales.
El discurso de Morena presume compromiso con el Estado laico, pero su silencio frente a esta infiltración resulta inquietante, el caso de Michoacán es una alerta: fieles armados que son liberados por tecnicismos judiciales y políticos protegidos por sus credenciales religiosas son piezas del mismo rompecabezas.
Si la fe se convierte en escudo para la impunidad, México corre el riesgo de normalizar lo que debería indignar: que una iglesia con historial de abusos y vínculos criminales logre blindarse desde dentro del sistema político y judicial.
