La designación de Carmen Antuna Cruz como Delegada Federal del Bienestar en Baja California fue el recordatorio incómodo de quién manda en este país, no fue la gobernadora, tampoco los alcaldes, ni mucho menos los diputados morenistas que ya andaban midiendo cortinas para sus futuras oficinas, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, que repite la receta del obradorismo: centralizar el poder y dejar claro que los gobernadores no son quienes mandan dentro de su estructura.
La figura del “súper delegado” nació en el sexenio de López Obrador con un propósito claro: tener un contrapeso al gobernador en turno y asegurar que la chequera federal no se desviara hacia proyectos personales, traducido: un comisario político disfrazado de coordinador de programas sociales. Ahora, Sheinbaum retoma esa estructura con un mensaje todavía más contundente: no hay confianza en los políticos locales, todos están bajo sospecha.
La lista de descartados en Baja California pinta un retrato perfecto de la clase política regional: Montserrat Caballero, Armando Samaniego, Gilberto Herrera, Alejandro Arregui y Netza Jáuregui quedaron en la banca, cada uno con padrinos, ambiciones y redes, pero todos reducidos a lo mismo: ruido local irrelevante frente a la decisión presidencial. La gobernadora Marina del Pilar incluso mandó a su alfil de confianza, Netza Jáuregui y le cerraron la puerta en la cara, no es un desaire menor, es la confirmación de que ni la mandataria estatal tiene voz en el proceso.
Los demás grupos intentaron meter mano, Armando Ayala y Julieta Ramírez movieron piezas y colocaron fichas, convencidos de que podían influir en la designación, la respuesta de la presidenta fue seca: “gracias por participar”, la lección es brutal: Morena en Baja California no decide nada, sólo acata órdenes.
El mensaje detrás de Carmen Antuna no es sólo administrativo, es político. El centro no confía en los liderazgos locales porque se les percibe como corruptos, incapaces, oportunistas y desleales, la presidenta no necesita a los políticos de Baja California para operar, necesita operadores que le respondan directo a ella, sin escalas. Esa es la lógica del “súper delegado”: una correa de transmisión que va del escritorio presidencial a los programas sociales en colonias y comunidades, sin que nadie más meta mano.
La gobernadora queda así reducida a gestora sin voz real en la estructura federal, los alcaldes, a figurines que reparten abrazos mientras esperan la próxima línea, los diputados, a espectadores que aplauden porque saben que no pueden cuestionar. La centralización es total, y el costo político lo pagará Baja California con una clase política domesticada y anulada.
En el fondo, la designación de Carmen Antuna confirma lo que muchos sospechaban: la narrativa de que “el poder es del pueblo” es un discurso bonito para campaña. En la práctica, el poder se concentra en Palacio Nacional, mientras los políticos locales se quedan mirando, como extras en una obra donde ya no tienen papel.
