En la política municipal a veces las decisiones más necesarias llegan tarde. Esta semana el Cabildo de Tijuana aprobó un Punto de Acuerdo que finalmente reconoce un derecho básico para las viudas de policías municipales fallecidos: acceso a servicios de salud mediante su incorporación al sistema de ISSSTECALI.
La medida parece obvia, sin embargo, durante años no lo fue.
Las familias de los agentes caídos quedaron atrapadas en un limbo administrativo donde el discurso oficial exaltaba el sacrificio policial mientras la protección institucional para sus viudas avanzaba con una lentitud desesperante. En muchos casos, el respaldo dependía de gestiones informales, apoyos parciales o simples promesas.
El acuerdo aprobado por el Cabildo busca corregir esa omisión. El primer paso será integrar un padrón oficial de viudas de policías fallecidos, tarea que recaerá en la Oficialía Mayor junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La intención es identificar con claridad a las beneficiarias que tienen derecho a recibir seguridad social.
No se trata solo de una lista. Ese registro es la base para reconocer formalmente a las viudas dentro del sistema municipal y permitir su incorporación al esquema de salud de ISSSTECALI.
El Punto de Acuerdo también faculta al presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, para realizar las gestiones necesarias que permitan concretar esa afiliación. Dependencias como la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor deberán realizar ajustes administrativos además de financieros para hacer viable la medida.
El documento insiste en conceptos como transparencia, austeridad presupuestal y viabilidad administrativa. En términos prácticos significa que el municipio tendrá que encontrar la forma de sostener este compromiso sin comprometer sus finanzas.
Más allá de la técnica administrativa, el acuerdo tiene un peso simbólico importante. Reconoce que el riesgo del trabajo policial no termina con la muerte del agente, ese riesgo también alcanza a las familias que quedan sin sustento ni protección.
Aun así, la decisión deja una pregunta inevitable flotando sobre el debate público: si el riesgo policial siempre fue evidente, ¿por qué el reconocimiento institucional tardó tantos años en llegar?
El Cabildo dio un paso en la dirección correcta, falta ver si la implementación será tan rápida como lo fue la aprobación.
