BAJA CALIFORNIA .-La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó lo que ya era un secreto a voces: inició su proceso de divorcio. Lo hizo entre evasivas y declaraciones medidas, intentando bajarle el volumen al tema que la ha perseguido por meses. Pero en política, lo personal es público cuando lo público se mezcla con el poder y en este caso, el nombre Carlos Torres Torres (su esposo y operador político) ha sido protagonista de demasiadas polémicas para pasar inadvertido.
El matrimonio político que alguna vez se vendió como símbolo de “unidad y transformación” terminó en un naufragio anunciado. Mientras Marina acumulaba elogios en los foros de inversión y discursos sobre “liderazgo femenino”, la sombra de su pareja crecía entre acusaciones, favores, viajes sospechosos y finalmente, la pérdida de su visa estadounidense. Ella dijo que eso no afectaba su capacidad de gobernar, difícil creerlo en un estado cuya economía depende de la relación con California.
Hoy el divorcio se presenta como una decisión “personal”, aunque el trasfondo político es evidente, no es solo el fin de un matrimonio, es el colapso del círculo de confianza que controlaba buena parte de su administración. Torres Torres fue más que su esposo: fue su estratega, su sombra, su operador en las licitaciones y su enlace con ciertos intereses empresariales, su caída arrastra piezas y deja a la mandataria en medio de un lodazal que ya no puede ocultar con discursos ni sonrisas.
Lo que Marina llama “vida privada” se ha vuelto el reflejo de su forma de gobernar: entre la opacidad, el desorden y la falta de rendición de cuentas. Se divorcia de Torres, sí, pero también del discurso moral con el que llegó al poder. En Baja California, la frontera más dura para ella no está en San Ysidro, sino en su propia credibilidad.
