Mexicali, B.C. — Para el ejercicio 2026, los partidos políticos en Baja California recibirán un total de 156 millones 691 mil 865.52 pesos, según el dictamen del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
Del monto, 152 millones 128 mil 024.70 pesos serán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, y 4 millones 563 mil 840.74 pesos para actividades específicas.
Sorprende que esta asignación ocurra en un estado donde los servicios públicos —alimentación en escuelas, salud, infraestructura urbana— reflejan un deterioro cada vez más evidente. Mientras los partidos ya cuentan con montos millonarios solo para “mantenerse”, ciudadanos y usuarias denuncian:
- hospitales sin medicamentos,
- clínicas abandonadas,
- unidades deportivas en comodato sin certeza jurídica,
- calles sin alumbrado,
- seguridad que solo existe en cifras.
Para el IEEBC, los límites al financiamiento privado también fueron definidos: los aportes de militantes no podrán superar los 3 millones 42 mil 560.49 pesos al año, y los de simpatizantes los 2 millones 609 mil 693.99 pesos, con un máximo individual anual de 130 mil 484.70 pesos.
Más de la mitad del nuevo monto —alrededor de 81.8 millones de pesos— estaría destinado al Partido Encuentro Solidario BC (PES BC), el único partido local vigente en la entidad.
El mal mensaje en plena crisis social
La asignación de recursos llega en momentos en que la ciudadanía demanda responsabilidad fiscal:
Cada peso destinado al “mantenerse” de los partidos es un peso que no va a programas de salud, educación, deporte o seguridad.
Y como advirtió una voz crítica:
“Cuando los partidos se financian por encima del bienestar social, la democracia se convierte en negocio.”
La prueba de la contradicción
¿Se imagina qué podrían hacer 156 millones de pesos en temas básicos?
Por ejemplo:
- Mejorar decenas de clínicas en zonas rurales.
- Renovar completamente parques públicos abandonados.
- Equipar unidades deportivas.
- Pagar salarios y estímulos de médicos y enfermeras.
En cambio, ese dinero será destinado a “actividades ordinarias” de los partidos: nóminas, oficinas, vehículos, viajes. ¿Dónde quedan las prioridades?
Transparencia, o lo que creen que es transparencia
El IEEBC insiste en que la fórmula es legal, que toman en cuenta la ley estatal, la población, y que no decidieron “dar más o menos” a los partidos, sino aplicar lo que la norma marca.
Sin embargo, ese argumento choca con la percepción ciudadana que advierte:
“Si los servicios públicos están colapsados, ¿por qué subir tanto a los partidos políticos?”
La democracia cuesta. Pero no tanto como los partidos quisieran.
En Baja California, estamos frente a un dilema tangible: ¿seguiremos permitiendo que millones se vayan a la “mantenimiento partidista” mientras la educación, la salud y la seguridad se desmoronan?
Aquellos que gobiernan tienen una responsabilidad mayor: que este 156 millones no sea una promesa más incumplida, sino una alerta sobre hacia dónde se dirige el dinero público y qué tan débil es la frontera entre la democracia y el negocio político.
