Tijuana, B.C..- La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, lanzó un mensaje directo a los tijuanenses en el que denuncia una persecución política que —según afirma— lleva más de un año operando en su contra. Caballero pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las “cortinas de humo” que grupos del propio gobierno estarían utilizando para desviar la atención de los señalamientos que hoy pesan sobre funcionarios en activo. “No se puede tapar el sol con un dedo”, advirtió, asegurando que pese a que la administración actual “deja mucho que desear”, ella había optado por mantenerse al margen y respetar, incluso en su retiro. Sin embargo, dijo, no se lo han permitido: “A un año de mi retiro, las persecuciones continúan. Las enfrentaré con pantalones, como siempre lo he hecho”.
En uno de los señalamientos más fuertes pronunciados desde que dejó la alcaldía, Caballero aseguró que jamás se sumó a lo que describe como una “célula del huachicol” que habría llegado a Baja California auspiciada por personajes cercanos a Adán Augusto López. Afirmó que esa estructura operaba desde el poder, con vínculos directos con redes de huachicol y protección institucional. “Me negué a tener nexos con personajes que, desde el poder, servían a las redes del huachicol”, declaró, insistiendo en que esa negativa explica el origen de la persecución en su contra.
Caballero también lanzó un golpe directo a la red empresarial y política señalada por autoridades estadounidenses y mexicanas: “Soy de las pocas, o la única Presidenta Municipal que no tiene contratos con Fernando Salgado”. El nombre de Fernando Rafael Salgado, incluido en investigaciones periodísticas y en reportes vinculados a OFAC, ha aparecido en contratos municipales en distintos ayuntamientos de Morena en Baja California. Caballero subrayó que ella no formó parte de esa red. “Quise hacer una retirada tranquila y dejarlos trabajar en paz, pero no lo permiten”, lamentó.
La exalcaldesa acusó que, ante el creciente desgaste por los escándalos que golpean a la actual administración —incluyendo imputaciones federales por lavado de dinero y delincuencia organizada contra el alcalde Ismael Burgueño y señalamientos contra funcionarios estatales— se intenta desviar la atención atacándola a ella. “Quien tiene carpetas como imputado por delitos graves contra el país no soy yo, son ellos”, afirmó con contundencia. Añadió que quienes hoy se presentan como víctimas son los mismos que, en su momento, la presionaron para integrarse a estructuras que ella rechazó por principios.
Caballero aseguró que sus valores siguen intactos y que no se dejará amedrentar, incluso cuando la confrontación política se intensifique: “Querían datos, ahí tienen parte del porqué de esta persecución. Amo a mi partido, el partido que yo formé, pero amo más a Baja California. Yo no robo, yo no miento y yo no traiciono”.
Su mensaje llega en un momento crítico para Morena en Baja California, en medio de investigaciones federales, funcionarios sin visa, alcaldes bajo señalamientos y acusaciones de narcopolítica en diferentes municipios. Las palabras de Caballero no solo defienden su nombre: abren un frente político directo contra el grupo que —dice— controla los hilos del poder en el estado.
El conflicto interno dejó de ser silencioso. Ya es público, frontal y apenas está comenzando.
