Ciudad de México. – Con un mensaje directo y sin matices, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su primer informe de gobierno para enviar una señal política clara: no habrá espacio para el nepotismo ni para las herencias familiares en la administración pública.
“No se permite dejar cargos en herencia. No al nepotismo. En este gobierno se llega por mérito, no por apellido”, enfatizó ante miles de asistentes reunidos en el Zócalo capitalino, en un discurso que buscó reafirmar la esencia de su proyecto político: transparencia, austeridad y ruptura con los viejos vicios del poder.
El pronunciamiento, que fue uno de los momentos más aplaudidos del acto, marca una línea divisoria entre el modelo de continuidad de la llamada Cuarta Transformación y el intento de Sheinbaum por proyectar una nueva etapa institucional.
Durante su administración, la mandataria ha insistido en que el servicio público debe estar libre de favoritismos familiares y ha impulsado una iniciativa de reforma conocida como “antinepotismo electoral”, que busca evitar que familiares directos puedan suceder o relevar a funcionarios en cargos de elección popular.
Aunque la aplicación de esa norma ha sido pospuesta para el proceso electoral de 2030, Sheinbaum subrayó que el compromiso ético debe aplicarse desde ahora: “Quien quiera poner a un familiar como candidato en 2027 se verá muy mal”, advirtió en un mensaje previo a su informe.
La presidenta también hizo alusión a los llamados “linajes políticos” que históricamente han dominado posiciones de poder, reiterando que su gobierno apuesta por una nueva generación de servidores públicos formados en principios y no en privilegios.
El mensaje no solo tuvo un tono moral, sino también estratégico: Sheinbaum busca reforzar la idea de que su administración representa una ruptura real con las viejas prácticas de compadrazgo, una crítica que durante décadas ha pesado sobre todos los partidos.
Con este posicionamiento, la presidenta intenta consolidar su imagen como una mandataria de disciplina y principios, en un momento donde la credibilidad política se mide más por los hechos que por los discursos.
