Bajo cirios encendidos, el poder cobra paso a la fe en Tijuana

Entre rezos, cruces y procesiones, surge una sombra administrativa que pone precio al andar espiritual en plena antesala de Semana Santa

En los días donde la ciudad suele inclinarse hacia lo sagrado, el murmullo de las calles cambia de tono. No es el eco de los cantos ni el arrastre solemne de los pasos en los viacrucis lo que resuena, sino el crujir invisible de un engranaje burocrático que ha decidido poner cifra al acto de creer en lo público. El XXV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Ismael Burgueño, ha lanzado un llamado que en apariencia busca orden, pero que en el fondo despierta una tensión antigua: la del poder terrenal tocando los rituales del espíritu.

La invitación es clara y firme como decreto: toda asociación religiosa que pretenda ocupar la vía pública deberá tramitar permisos con al menos 15 días de anticipación. Procesiones, peregrinaciones, kermeses y viacrucis, esas expresiones que convierten las calles en altares vivos, ahora deberán pasar primero por la ventanilla del orden administrativo. La fe, que antes caminaba libre entre colonias, ahora encuentra un umbral donde se le asigna un costo.

Los números, fríos y exactos, contrastan con la calidez de las velas. Para marchas o peregrinaciones de 500 personas o más, el monto asciende a 5,338 pesos; si la concurrencia es menor, el precio se fija en 3,813 pesos. Incluso los eventos sin fines de lucro, esos que muchas veces nacen del esfuerzo comunitario, deberán cubrir 3,050 pesos. En caso de que exista algún ingreso o intención comercial, la cifra escala hasta 7,625 pesos cuando la asistencia rebasa las 1000 personas. Cada cantidad parece susurrar que el espacio público ya no es sólo territorio de expresión, sino también de regulación económica.

Desde la óptica institucional, la medida se envuelve en el lenguaje de la seguridad y el orden. Se habla de garantizar que las actividades se desarrollen sin riesgos, de mantener la armonía urbana, de prever cualquier contingencia. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la decisión se percibe como un cruce delicado entre lo divino y lo administrativo. No es simplemente un trámite; es, para muchos, la materialización de una frontera donde antes no existía.

Las imágenes de fieles cargando cruces, avanzando entre calles iluminadas por la fe, adquieren ahora un matiz distinto. Cada paso parece acompañado no solo por la devoción, sino por la conciencia de un permiso, de un sello, de una cuota. Como si la espiritualidad tuviera que pedir autorización para manifestarse en el espacio compartido.

En este escenario, el nombre de Ismael Burgueño emerge como figura central, no solo como alcalde, sino como aspirante a la gubernatura, lo que añade un velo político a la decisión. Las acciones de gobierno, en tiempos cercanos a fechas simbólicas, rara vez son neutrales en la percepción pública. Se convierten en mensajes, en señales que pueden ser interpretadas de múltiples formas, dependiendo del ángulo desde el cual se miren.

Mientras tanto, las iglesias y asociaciones religiosas se encuentran en una encrucijada. Cumplir con los requisitos implica adaptarse a una nueva realidad donde la fe organizada debe dialogar con la normativa municipal. Resistirse podría significar la invisibilidad de sus expresiones en el espacio público. En ambos casos, la tradición se enfrenta a una transformación que no pasa desapercibida.

Así, en Tijuana, la antesala de la Semana Santa no solo anuncia recogimiento y reflexión, sino también un ajuste en la relación entre la ciudad y sus rituales más antiguos. La fe sigue viva, encendida en cada vela y en cada oración, pero ahora camina acompañada de documentos, tiempos límite y costos definidos. Como si el misterio tuviera que registrarse, como si el silencio de la devoción debiera pasar primero por el ruido de la administración.

Redacción Noticias Contraste BC