Cuando empiezan a fallar los servicios

Durante años, la oposición advirtió que la concentración del poder terminaría pasando factura en la calidad del gobierno. Muchos consideraron aquellos señalamientos como exageraciones propias del debate político. Sin embargo, más allá de las diferencias partidistas, hoy la discusión ya no gira únicamente alrededor de discursos. Empieza a centrarse en algo mucho más tangible: los servicios públicos que afectan la vida diaria de millones de personas.

En Tijuana acabamos de vivir una de las crisis de agua más severas de los últimos años. Más de diez días con afectaciones en el suministro para cientos de colonias. Las explicaciones fueron diversas: mantenimiento, fugas, vandalismo, fallas técnicas y averías en la infraestructura. Para las familias, sin embargo, el origen del problema fue secundario. Lo único cierto era abrir la llave y descubrir que no salía una sola gota.

Ahora la preocupación comienza a extenderse hacia otro servicio esencial.

En las últimas semanas se han multiplicado los reportes de apagones e interrupciones del suministro eléctrico en distintas zonas de la ciudad. Colonias como Alfonso Garzón, Zona Río y el corredor industrial de Otay han registrado cortes que afectan hogares, comercios e industrias. Hay vecinos que reportan alimentos echados a perder, medicamentos que requieren refrigeración y negocios obligados a suspender actividades. También hay semáforos fuera de operación y empresas que advierten pérdidas por la interrupción de sus procesos.

Ninguna ciudad puede aspirar a ser competitiva cuando sus servicios básicos comienzan a mostrar señales de fragilidad. El agua y la electricidad no son lujos; son la infraestructura mínima sobre la que funciona la economía, la movilidad y la vida cotidiana.

A este escenario se suma un ambiente político que tampoco ofrece certidumbre. Baja California ha pasado buena parte del último año entre investigaciones, controversias, señalamientos de presunta corrupción y episodios que han colocado al gobierno estatal bajo el escrutinio público, tanto dentro como fuera del país. Mientras la agenda política se consume en responder crisis, la ciudadanía sigue esperando soluciones a los problemas que enfrenta todos los días.

Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando algo falla. La verdadera prueba de un gobierno está en prevenir que esas fallas ocurran. Porque cuando las crisis dejan de ser excepcionales y comienzan a repetirse, la discusión ya no se limita a un incidente aislado. Empieza a convertirse en una pregunta sobre la capacidad institucional para sostener los servicios más elementales.

Quizá ese sea el debate que Baja California debe abrir. No se trata de repartir culpas entre niveles de gobierno ni de convertir cada problema en una disputa partidista. Se trata de preguntarnos si estamos construyendo una infraestructura capaz de responder al crecimiento de la ciudad o si simplemente estamos administrando emergencias mientras las deficiencias se acumulan.

Porque cuando el agua deja de llegar, la luz comienza a fallar y las explicaciones sustituyen a los resultados, la preocupación deja de ser política. Se convierte en una cuestión de gobernabilidad.

Redacción ContrasteBC