Descubren el hilo negro

La Suprema Corte parece haber tenido una epifanía de esas que en México siempre llegan con uniforme de urgencia, sello de “seguridad nacional” y perfume de arbitrariedad reciclada: ahora resulta que congelar cuentas sin orden judicial previa podría ser perfectamente válido si la UIF detecta indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Qué hallazgo deslumbrante: el Estado descubre otra vez que puede aplastar primero, preguntar después, luego llamarlo “procedimiento”. El proyecto que se discute retoma la reforma de 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, para permitir bloqueos inmediatos, con una defensa posterior para el afectado en plazos de 5, 10 o 15 días hábiles. Es decir, te dejan sin oxígeno financiero hoy, luego te conceden el honor de suplicar mañana.  

Lo más enternecedor del caso es la coartada institucional: no se trata de abuso, nos dicen, sino de eficiencia. Como si la ausencia de control judicial fuera un detalle menor, una mera formalidad caprichosa de los garantistas aguafiestas. La misma Corte que durante años sostuvo criterios adversos a los bloqueos administrativos de la UIF en asuntos de origen estrictamente nacional, ahora coquetea con normalizar que una autoridad administrativa inmovilice recursos con base en “indicios suficientes”. En castellano simple: el dinero queda preso antes de que exista condena, a veces antes de que exista siquiera una acusación sólida. Luego el ciudadano debe correr contrarreloj para demostrar que no es culpable de lo que apenas le explicaron. Muy moderno todo: presunción de sospecha con ventanilla de aclaraciones.  

Claro, nadie discute que el lavado de dinero exista ni que el financiamiento al terrorismo deba combatirse con seriedad. El problema empieza cuando el gobierno convierte una herramienta excepcional en tentación permanente, luego el máximo tribunal decide barnizarla de constitucionalidad para que luzca menos rústica. En un país donde la arbitrariedad administrativa suele viajar en primera clase, darle a la UIF poder para congelar de inmediato sin juez previo no es sólo una medida antilavado; también es una invitación al error, al exceso, al uso político selectivo. Porque el discurso oficial siempre promete precisión quirúrgica, pero la práctica mexicana suele operar con machete. Luego, cuando el ciudadano ya fue estrangulado financieramente, el sistema le ofrece su gran consuelo republicano: unos cuantos días para defenderse. Qué generosidad. El poder te vacía la cartera, después te regala el formulario.  

Redacción Noticias Contraste BC