El error en el debate sobre el alcoholímetro en Tijuana

En Tijuana, cada fin de semana se repite una escena que ya forma parte de la conversación pública: vehículos remolcados al corralón tras operativos de tránsito, especialmente en puntos de revisión como el alcoholímetro. A partir de ese momento, la inconformidad suele trasladarse a redes sociales, donde se exponen casos y se cuestionan los costos asociados a la recuperación del vehículo.

Las críticas no se limitan únicamente al arrastre. En muchos casos, el señalamiento se dirige al monto total que debe cubrir el conductor: multa, traslado, almacenamiento y otros conceptos administrativos que, en conjunto, representan un impacto económico considerable.

En ese contexto, la atención pública se centra en la consecuencia inmediata: el costo.

Sin embargo, esta narrativa suele comenzar en la parte final del proceso, dejando fuera los elementos previos que originan la intervención de la autoridad.

De acuerdo con los procedimientos de tránsito, las grúas no operan de manera autónoma ni realizan recorridos para detectar vehículos al azar. Su participación ocurre cuando un agente determina que existe una infracción que amerita el retiro del automóvil de la vía pública, ya sea por motivos de seguridad, obstrucción o incumplimiento de disposiciones administrativas.

En ese sentido, el servicio de arrastre forma parte de la operación institucional del sistema de movilidad, como un recurso necesario para ejecutar medidas que no pueden resolverse únicamente con una sanción en el lugar.

No obstante, en la discusión pública suele omitirse el origen de estas intervenciones. Detrás de cada vehículo remitido al corralón existe una causa específica que motivó la actuación de la autoridad.

Entre las más frecuentes se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin placas vigentes, no contar con licencia o incumplir disposiciones de estacionamiento. Se trata de faltas administrativas que, en determinados casos, implican riesgos para terceros o afectan el orden en la vía pública.

Aun así, el énfasis del debate suele centrarse en el impacto económico de la sanción, más que en las condiciones que llevaron a que el vehículo fuera retirado.

Este enfoque parcial ha generado una percepción en la que el problema parece comenzar con el cobro, cuando en realidad forma parte de una cadena de decisiones y acciones previas.

La revisión de ese contexto resulta relevante para entender de manera integral el fenómeno y abrir una discusión más amplia sobre el comportamiento de los conductores y la aplicación de las medidas de tránsito en la ciudad.