Gobierno
Empresario cercano a Ruffo enfrenta segunda prisión preventiva por presunto huachicol fiscal
Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar y socio del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, fue nuevamente recluido por su presunta participación en una red de desvío de combustibles a través de ferrotanques, con movimientos financieros sospechosos por más de 3 mil millones de pesos.
Ricardo Thompson Navarro, fundador de la empresa Ingemar y socio del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, fue sentenciado a una segunda prisión preventiva el 13 de agosto por una jueza del Centro de Justicia Penal Federal, en el marco de una investigación por presunta participación en una red de huachicol fiscal. Esta segunda medida cautelar complementa la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta en julio, cuando fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Thompson Navarro fue detenido en Ensenada como parte de las acciones de la Fiscalía General de la República en contra de la red investigada. Según la acusación, Ingemar habría sido utilizada como una estructura empresarial para introducir combustibles de contrabando, operando ferrotanques que presuntamente participaron en el esquema de desviación fiscal. La empresa, de acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía, habría funcionado como intermediaria en transacciones que eludían los impuestos y regulaciones federales sobre hidrocarburos.
El expediente judicial reveló movimientos financieros que las autoridades consideran sospechosos. Entre junio de 2024 y julio de 2025, Ingemar registró flujos de efectivo superiores a 3 mil millones de pesos, según información de la Fiscalía General de la República. Estos movimientos no corresponderían con el perfil fiscal de la empresa ni con sus operaciones declaradas, lo que intensificó las sospechas sobre la presunta red de contrabando y defraudación.
Tras la imposición de la segunda prisión preventiva, Thompson Navarro promovió un amparo para impugnar la resolución y solicitar la suspensión provisional de la medida cautelar. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal negó su solicitud, manteniéndose así la reclusión preventiva. Esta decisión cierra temporalmente una de las vías legales inmediatas para recuperar la libertad bajo caución mientras continúa el proceso penal.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre redes de huachicol fiscal que operaron en la región durante el período señalado. Las autoridades federales han enfatizado que estas estructuras utilizaban empresas aparentemente legales para movilizar combustibles de contrabando y generar flujos financieros que ocultaban el origen y destino de los recursos. La vinculación de Thompson Navarro con el exgobernador Ruffo Appel ha añadido un perfil político a una investigación que inicialmente se enfocaba en delitos económicos y ambientales.
Las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la República forman parte de los esfuerzos federales por desmantelar esquemas de contrabando que impactan la recaudación fiscal y generan competencia desleal en el mercado de combustibles. El proceso penal continuará desarrollándose en juzgados federales, donde Thompson Navarro deberá responder por los cargos de delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos. La próxima etapa del procedimiento determinará si las pruebas presentadas por la acusación sustentan la formulación de cargos definitivos.
Redacción Noticias ContrasteBC