Gobierno
Reciclar, borrar y cobrar más: la “novedad” espiritual de Burgueño
La llamada “patrulla espiritual” fue presentada como una apuesta novedosa para atender a personas en situación de calle con problemas de adicción, pero el modelo ya tenía antecedente en Tijuana. La diferencia no parece estar en la idea, sino en el empaque, el relato y el costo.
En la administración pública mexicana existe una vieja técnica para simular innovación: se toma un programa que ya existía, se le cambia el nombre, se le fabrica una narrativa emotiva y luego se le infla el costo. El nuevo experimento de Ismael Burgueño, bautizado como “patrulla espiritual”, parece encajar con precisión burocrática en ese libreto.
La idea de atender a personas en situación de calle con problemas de adicción no cayó del cielo ni fue una revelación mística del alcalde. Esa ruta ya se había recorrido en el gobierno anterior mediante Integrando Vidas, un programa operado entre 2021 y 2024 por el Instituto Municipal Contra las Adicciones, el IMCAD, en instalaciones de Cotrrsa. No era un ensayo improvisado ni una ocurrencia de temporada. Ofrecía tratamiento gratuito, acompañamiento psicológico y algo que suele faltar en estas políticas: procesos de reinserción social. Es decir, no solo intentaba apagar la urgencia, también romper el ciclo.
Tuvo resultados documentados. Hubo casos de éxito. Existía una estructura en marcha. Pero, como la continuidad nunca da tantos aplausos como el relanzamiento, el nuevo gobierno optó por cancelar ese modelo. Poco después apareció otro esquema casi idéntico, vestido con lenguaje fresco, tono mesiánico y una amnesia institucional bastante conveniente.
La pieza más burda del montaje fue la declaración del llamado “Padrino Alexis”, quien aseguró que Burgueño era el primer presidente municipal en impulsar algo así. No es un error inocente. Es propaganda elemental: borrar el antecedente para agrandar al protagonista. Lo curioso, casi cómico, es que la propia patrulla espiritual había participado en el programa anterior, invitada en su momento por el entonces secretario de Bienestar, Gerardo López Montes. Es decir, no solo conocían el modelo: formaban parte de él.
También conviene recordar que durante esa misma administración varias asociaciones civiles dedicadas al tratamiento de adicciones recibieron apoyos directos del municipio. Entre ellas, integrantes de la clínica Jireth. Así que no estamos frente a una invención. Estamos frente a un reciclaje con sobreprecio.
Ahí aparece la pregunta más incómoda. El nuevo programa contempla 7 millones 200 mil pesos para atender a 300 beneficiarios. Mientras tanto, el presupuesto anual completo del IMCAD ronda los 4 millones. Entonces, ¿cómo se explica que un esquema tan parecido cueste casi el doble que toda la institución especializada? ¿Por qué desmantelar una estructura probada para financiar una versión más cara, más confusa y más propagandística?
Tal vez porque, en política pública, cuando no se puede presumir originalidad, siempre queda el truco de fingirla. Aunque el precio lo termine pagando, otra vez, la ciudad.
Redacción Noticias ContrasteBC