Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum declara que la Organización de las Naciones Unidas “dejó de cumplir su labor” frente al conflicto en Medio Oriente, en Tijuana el alcalde Ismael Burgueño presume con entusiasmo la firma de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La escena parece escrita por un guionista aficionado al realismo mágico administrativo.
Desde Palacio Nacional se cuestiona la eficacia del organismo internacional, se sugiere tibieza diplomática, se insinúa irrelevancia, pero en el Ayuntamiento de Tijuana se habla de “altos estándares internacionales”, de Agenda 2030, de derechos humanos como si la ONU fuera faro moral indiscutible, ¿En qué quedamos? ¿Es un ente rebasado por la geopolítica o un socio estratégico para fortalecer políticas públicas?
El contraste no es menor, Baja California vive crisis tangibles: violencia persistente, déficit de infraestructura, opacidad en el manejo de recursos, desconfianza ciudadana hacia sus autoridades. En ese contexto, firmar convenios internacionales luce bien en la fotografía oficial. Capacitación, desarrollo sostenible, bienestar para todas y todos, el discurso suena impecable, el problema es que la realidad tijuanense no se transforma con comunicados optimistas.
Si la ONU ha dejado de cumplir su labor en el escenario global, como afirma la presidenta, cabría preguntar qué garantiza que sus estándares sí funcionen en la esquina de Segunda y Constitución. Si en cambio sigue siendo referente en derechos humanos y desarrollo, entonces el señalamiento federal resulta cuando menos contradictorio.
El alcalde celebra nuevas oportunidades de formación para servidores públicos y sociedad civil. Bienvenido cualquier esfuerzo que profesionalice la administración. La duda es si habrá voluntad para aplicar lo aprendido cuando toque transparentar contratos, evaluar resultados o reconocer fallas estructurales. Porque la Agenda 2030 no es un eslogan para redes sociales, implica metas medibles, rendición de cuentas, diagnósticos incómodos.
En Baja California estamos acostumbrados a gobiernos que hablan de transformación mientras repiten viejas prácticas. La ONU puede ser el villano del discurso nacional o el aliado del boletín municipal, lo que no puede ser es coartada para maquillar inercias.
La coherencia también es política pública.
