Carlos Torres Torres, excoordinador de Programas Federales y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, salió a la escena pública para repetir un libreto ya harto conocido: la negación absoluta frente a una denuncia anónima. Como si ese recurso bastara para desmontar el complejo entramado de presuntas complicidades que lo vinculan con el grupo criminal “Los Rusos”.
Con tono solemne y victimista, Torres asegura no tener nada que ocultar. “Todo se origina en una denuncia sin rostro”, dice, como si las fiscalías federales abrieran carpetas de investigación con solo un recadito anónimo pegado en la puerta. Lo que omite es que esa denuncia, presentada en junio de 2025, viene acompañada de señalamientos concretos: pagos mensuales por permitir el libre operar del Cártel de Sinaloa en Baja California, lavado de dinero mediante bienes raíces en Estados Unidos y uso de empresas fachada para financiar campañas.
¿Casualidad que su nombre aparezca justo cuando ya no ocupa un cargo? ¿Coincidencia que su hermano también esté implicado como presunto operador financiero del narco? La respuesta oficial: silencio o comunicados llenos de indignación selectiva. Mientras tanto, la FGR guarda un hermetismo que raya en la complicidad.
Basta de que la etiqueta “anónima” sirva de salvoconducto para limpiar la imagen de personajes que han estado demasiado cerca del poder. Porque aunque Torres diga que ya no está en la política, su apellido sigue incrustado en el corazón del gobierno estatal.
A lo mejor todo es falso. Pero si de verdad quiere defender su honor, que abra sus cuentas, que explique los bienes en el extranjero, que enfrente la justicia con hechos, no con frases pulidas por un asesor de crisis.
La opacidad institucional es lo que da vida a estas tramas. Lo demás es retórica para ingenuos.
