Lo que durante años ha sido un símbolo de apoyo comunitario en las zonas más vulnerables de Tijuana hoy se convirtió en una denuncia que sacude a la ciudad. La llamada Patrulla Espiritual, conocida por su labor altruista ayudando a personas en situación de calle, adictos y familias en crisis, se volvió viral en redes sociales no por un acto de solidaridad, sino por el testimonio de un presunto abuso cometido por quienes deberían proteger a la ciudadanía.
De acuerdo con un audio que circuló masivamente en plataformas digitales, uno de los integrantes del grupo, identificado como “Rambo”, habría sido detenido en un retén de la Policía Municipal en la zona del Mariano Matamoros. En el testimonio se señala que, durante la revisión, elementos municipales presuntamente le sustrajeron dinero en efectivo —alrededor de mil 200 dólares y varios miles de pesos— sin ofrecer explicación alguna ni permitirle comunicarse con alguien en ese momento.
La grabación, cargada de enojo e impotencia, describe un escenario que muchos ciudadanos temen y otros aseguran haber vivido: la sensación de indefensión total frente a la autoridad. No se habla de un asalto común, sino de un acto que, de confirmarse, implicaría abuso de poder, corrupción y una profunda traición a la confianza pública. El señalamiento no es menor, porque proviene de un grupo ampliamente conocido y respetado en colonias donde el Estado suele llegar tarde o no llegar.
La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios expresaron indignación, compartieron experiencias similares y exigieron una investigación formal. Para muchos, el caso de “Rambo” no es un hecho aislado, sino la confirmación de una narrativa que se repite: retenes que más que prevenir delitos generan miedo, revisiones que parecen cacerías de efectivo y ciudadanos que prefieren callar por temor a represalias.
Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial clara por parte de la Secretaría de Seguridad ni del Ayuntamiento de Tijuana sobre este señalamiento específico. El silencio institucional solo alimenta la desconfianza. En una ciudad golpeada por la violencia, donde la presencia policial debería significar tranquilidad, casos como este profundizan la percepción de que el riesgo no solo está en las calles, sino también detrás de un uniforme.
La exigencia ciudadana es clara: que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que, si hubo abuso, se sancione. Porque cuando quienes prometen cuidar a la población son señalados por robarle, el daño no se limita a una cantidad de dinero. El verdadero golpe es a la credibilidad de las instituciones y al ya frágil tejido social de Tijuana.
