El Senado de la República aprobó en lo general, con 76 votos a favor y 37 en contra, la propuesta que establece sanciones penales de hasta 8 años de prisión para quienes produzcan, distribuyan o trasladen vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La medida forma parte de una estrategia legislativa orientada a reforzar la protección de la salud pública, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
El dictamen, que aún deberá discutirse en lo particular, plantea reformas al marco legal vigente con el objetivo de frenar el crecimiento de un mercado considerado de alto riesgo para la salud, sobre todo por la presencia de productos no regulados o con contenidos dañinos para el organismo.
La iniciativa contempla penas que van desde los 3 hasta los 8 años de cárcel, así como multas económicas, dependiendo del grado de participación o reincidencia. De igual forma, se busca fortalecer las acciones de vigilancia, decomiso y sanción administrativa en espacios públicos y comercios.
Durante la sesión, senadores a favor argumentaron que el uso de vapeadores se ha convertido en una puerta de entrada al tabaquismo y en una amenaza creciente, sobre todo entre jóvenes. En contraste, legisladores que votaron en contra señalaron preocupaciones sobre las implicaciones penales y la falta de una regulación diferenciada para usuarios, comerciantes y fabricantes.
El tema continuará generando debate en la discusión particular de los artículos reservados. No obstante, la aprobación en lo general marca un paso relevante hacia un marco legal más restrictivo para los dispositivos electrónicos de nicotina, alineado con las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con esta decisión, México se perfila como uno de los países con mayores restricciones hacia los vapeadores, en un contexto donde el consumo entre adolescentes ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años.
