Mientras en la Mañanera del Pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum insistía en que la nueva Ley de Aguas es “benéfica para la nación” y que “no afecta la propiedad ni los derechos de los agricultores”, la evidencia en las calles narraba exactamente lo contrario. Agricultores del Valle de Mexicali mantenían bloqueada la garita comercial en protesta, exigiendo que se detenga una reforma que —aseguran— pone en riesgo la producción de alimentos y entrega al gobierno un control absoluto sobre el agua.
La contradicción fue brutal. Desde el discurso oficial se minimizó el impacto de la reforma, pero sobre el pavimento se veía la consecuencia inmediata: kilómetros de tráileres detenidos, productores desesperados y una garita cerrada en ambos sentidos. Mientras el gobierno hablaba de “reglas claras” y “beneficios”, los manifestantes denunciaban incertidumbre, sanciones desproporcionadas y la posibilidad de que el Estado decida quién puede o no sembrar.
El descontento social crece conforme avanza la narrativa presidencial. Los agricultores acusan que la reforma criminaliza prácticas básicas del campo, como almacenar agua o planear ciclos agrícolas con meses de anticipación. “El agua es de la nación”, dice el gobierno; “pero sin ella, el campo muere”, responden los productores.
La brecha entre el relato oficial y la realidad en las calles ya no se puede ocultar: donde el gobierno ve ordenamiento, los agricultores ven amenaza; donde Morena asegura estabilidad, el país observa tensión creciente; y donde Sheinbaum dice que no habrá afectaciones, miles de familias viven exactamente lo contrario.
