Ciudad de México.— Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba con júbilo una celebración nacional por los “siete años de la 4T”, presumiendo inversión extranjera récord, pobreza supuestamente reducida y avances tecnológicos sin precedentes, el país entero observó una vez más el contraste brutal entre el discurso triunfalista del gobierno y la realidad que viven millones de mexicanos.
Desde Palacio Nacional se habló de una México que crece, innova y “consolida su liderazgo económico”, a pesar de que la violencia sigue ocupando los titulares, los gobiernos estatales enfrentan acusaciones de corrupción y la ciudadanía todavía carga con la inseguridad, los feminicidios, el colapso en salud pública y el caos en las calles.
En su conferencia matutina del 19 de noviembre, Sheinbaum enlistó logros: inversión extranjera que alcanza 41 mil millones de dólares, récord en exportaciones, supercomputadoras, inteligencia artificial y liderazgo global de cara al APEC 2028.
El problema es que, fuera de los muros presidenciales, el país narra otra historia.
En estados como Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar presume seguridad, estabilidad y reducción de pobreza, la realidad muestra otra cara: alcaldes citados por la Fiscalía General de la República por vínculos con el crimen organizado, funcionarios ligados a redes de narcotráfico transfronterizo y ciudades sumergidas en una ola de violencia que contradice cualquier discurso de éxito.
Tijuana es hoy uno de los ejemplos más claros del desfase entre el discurso presidencial y el México real. Mientras Sheinbaum celebra récords, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz es citado—y no comparece—ante la FGR por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en una investigación que lo conecta con operadores financieros ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa.
Todo esto ocurre mientras el gobierno federal insiste en que la delincuencia “ya no está en el gobierno”.
Sheinbaum dedicó parte de su conferencia a justificar el despliegue policiaco y las vallas metálicas colocadas en el Zócalo durante la marcha del 15 de noviembre. Afirmó que no hubo represión, sólo “actuación legal”.
Sin embargo, ciudadanos en distintos estados reportaron bloqueos, cierres de avenidas, revisiones y un clima más cercano a un estado de sitio que a un país con libertad de expresión.
Mientras Morena acusa “mano negra de la derecha” y “radicalización ultraderechista”, la ciudadanía respondió con un mensaje contundente:
la gente está cansada del abuso de poder, de la violencia permitida, de la corrupción impune y del intento del gobierno por reducir toda crítica a una conspiración.
La celebración por siete años de gobierno llega en uno de los momentos más tensos para la administración federal.
Las investigaciones cruzadas entre México y Estados Unidos, los señalamientos contra alcaldes, la violencia imparable y la fractura social creciente hacen que el festejo parezca no sólo prematuro, sino desconectado de la realidad.
Porque mientras el gobierno presume supercomputadoras, inversión récord y un lugar estelar en APEC, el país sigue enfrentando los mismos problemas que Morena prometió resolver hace siete años: inseguridad, corrupción, impunidad y desigualdad.
La brecha entre la propaganda y la realidad nunca había sido tan evidente.
