La gobernadora Marina del Pilar compartió en redes una convocatoria para apoyar a los damnificados por las lluvias en varios estados del país. Hasta ahí, todo bien: la empatía ante la tragedia es una obligación moral de cualquier gobierno. El detalle incómodo está en la letra chiquita. La cuenta bancaria para las donaciones no pertenece a una organización civil, ni a una instancia nacional de auxilio, sino al Gobierno del Estado de Baja California. Sí, el mismo que enfrenta críticas por falta de transparencia y opacidad presupuestal.
La pregunta es inevitable: ¿por qué canalizar donativos de la ciudadanía a una cuenta estatal, cuando existen mecanismos federales y organizaciones reconocidas para hacerlo con garantías de transparencia? En tiempos donde la confianza pública anda por los suelos, pedir dinero sin claridad sobre su destino suena, cuando menos, imprudente. O peor: oportunista.
El gesto “solidario” podría ser una estrategia para lavar imagen, justo cuando la mandataria enfrenta rumores personales que han invadido la esfera pública. Una distracción piadosa: de la nota rosa a la nota altruista. Pero la política no se limpia con transferencias bancarias ni con hashtags de buena voluntad. Si de verdad se busca ayudar, bastaba con promover donaciones directas a Cruz Roja o Protección Civil nacional.
La caridad mediática se ha vuelto el nuevo escaparate del poder. Fotos, discursos y números de cuenta. Pero lo que la gente quiere son gobiernos que respondan en casa: infraestructura que no colapse con la primera lluvia, seguridad en las calles y transparencia real, no recaudaciones con logotipo oficial.
Porque mientras Baja California sigue con problemas de agua, violencia y desempleo, el gobierno anda pidiendo dinero “por México”. Qué curioso que la solidaridad comience justo cuando se tambalea la narrativa del bienestar.
