Un foco de alarma se encendió nuevamente en la colonia Chilpancingo, en la delegación Otay, tras denunciarse que se realizan obras y perforaciones sobre el terreno que albergó la clausurada planta recicladora de plomo Metales y Derivados, donde permanecen más de 7,000 toneladas de residuos peligrosos encapsulados.
El Colectivo Salud y Justicia Ambiental advirtió que los trabajos podrían dañar la estructura de concreto que sella el material tóxico y liberar plomo al aire y al suelo, reviviendo una de las peores crisis ambientales y de salud pública en la historia de Tijuana.
“Hemos visto que están perforando la plancha de concreto. Eso quiere decir que pueden dañar la membrana de la celda donde está encapsulado el material, y el plomo puede volver a ser llevado por el aire cerro abajo”, alertó María Magdalena Cerda Báez, directora del colectivo.
La planta fue clausurada en 1994 luego de años de denuncias por contaminación. En ese entonces, estudios comunitarios detectaron altos niveles de plomo en la sangre de niños de la zona.
“Las compañeras están muy alarmadas. No quieren volver a eso, no quieren imaginar que sus hijos están comiendo o inhalando plomo. Nadie quiere eso”, expresó Cerda Báez.
El colectivo señaló directamente al Gobierno del Estado de Baja California, actual propietario del predio, por permitir las intervenciones sin informar a la comunidad.
“El gobierno estatal es el dueño del terreno y tiene la obligación de garantizar que no se realice ningún movimiento riesgoso”, enfatizó.
La organización adelantó que presentará un oficio formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para exigir un informe técnico sobre los trabajos.
“Queremos información oficial, no especulaciones. Que nos den un reporte con datos y números claros”, indicó la activista.
Cerda Báez subrayó que cualquier intervención en un sitio con residuos peligrosos debe contar con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y supervisión de expertos certificados.
“Esa celda nunca debe tocarse. Por 100 o mil años debe permanecer intacta. Mientras no se altere, está bien”, advirtió.
La comunidad, conformada por más de 10,000 familias, exigió la suspensión inmediata de toda actividad en el sitio, así como una verificación urgente de las condiciones del confinamiento tóxico.
