Tijuana, B.C..— El terremoto político que Morena vive en Baja California alcanzó hoy su punto más crítico. La Fiscalía General de la República citó al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para comparecer por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, después de que la autoridad federal identificara contratos municipales adjudicados de manera directa a empresas vinculadas —según investigaciones periodísticas y documentos de la OFAC estadounidense— a operadores del crimen organizado. Burgueño debía presentarse a las 13:00 horas en la sede de la FGR en Paseo de la Reforma. No se presentó.
El expediente federal que lo involucra apunta a contratos millonarios entregados a empresas relacionadas con Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado como operador financiero del CJNG y con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, descrito como enlace operativo entre el CJNG y la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. La Feria Nacional de Tijuana 2025, contratos de seguridad privada en garitas, filtros municipales, eventos masivos de becas y una pauta publicitaria desbordada pagada con recursos municipales forman parte del paquete de anomalías bajo investigación. Durante el último año, el alcalde habría utilizado el presupuesto del Ayuntamiento como una especie de caja chica personal para posicionarse políticamente rumbo a la gubernatura de 2027. Hoy, ese castillo de arena se le derrumba.
Cuando parecía que la historia no podía complicarse más, llegó otro golpe directo desde Estados Unidos. La sentencia de Diego Bonillo, exagente de la CBP en San Diego, destapó una red binacional de corrupción y tráfico de fentanilo cuyas ramificaciones alcanzan a empresarios y funcionarios radicados en Tijuana. Bonillo, condenado a 15 años de prisión, admitió haber permitido la entrada de cargamentos de droga por los cruces de Otay Mesa y Tecate. Su confesión detalla la coordinación con traficantes mexicanos mediante teléfonos clandestinos, horarios pactados, carriles previamente asignados y vehículos cargados que pasaban sin inspección. Al menos 75 kilos de fentanilo, casi 12 de metanfetamina y más de un kilo de heroína cruzaron así la frontera.
Lo verdaderamente explosivo es que fuentes de inteligencia citadas por Los Ángeles Press conectan estas operaciones con la estructura económica y política de Baja California. Según dicha información, Fernando Salgado habría operado rutas de exportación utilizando empresas como Hemtack S.A. de C.V., propiedad de Pedro Montejo Peterson, actual Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, mientras compañías espejo en California, Texas, Nueva York, China y Taiwán daban soporte logístico al flujo de mercancías y capital. Todo ello habría sido protegido, según los testimonios, por funcionarios en activo y por el propio exfiscal Ricardo Iván Carpio.
Las mismas fuentes señalan que incluso los retenes municipales instalados bajo la administración de Burgueño habrían funcionado como puntos de apoyo para estas operaciones, facilitando el paso de camiones previamente “marcados” desde inteligencia mexicana y estadounidense. Un canal de información supuestamente salía de Estados Unidos, llegaba a Montejo Peterson y este alertaba a Salgado para coordinar movimientos, permisos y rutas seguras. La declaración de Bonillo coincide en varios aspectos con este modus operandi: un agente estadounidense permitiendo el cruce directo y actores mexicanos sincronizando toda la operación desde el otro lado de la frontera.
Ante todo esto, el silencio del Ayuntamiento de Tijuana es ensordecedor. Ni Burgueño, ni la Secretaría de Desarrollo Económico, ni el Gobierno del Estado han emitido postura alguna. Callan mientras la ciudad arde y cuando el gobierno calla, el pueblo lo entiende claro: el problema es más grande de lo que ellos están dispuestos a admitir.
Mientras tanto, Estados Unidos actúa sin titubeos. Apenas ayer le retiraron la visa al alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, quien fue esposado en el cruce SENTRI. Hoy, esta bomba estalla en Tijuana. ¿Cuántos funcionarios más serán expuestos antes de que México explote de hartazgo?
Una ciudad con la violencia desbordada, con servicios públicos colapsados, con policías bajo sospecha y con un gobierno municipal ahora ligado a investigaciones internacionales no puede seguir siendo administrada en la penumbra. A Tijuana no la está destruyendo el crimen organizado: la está consumiendo la complicidad institucional.
Hoy, por primera vez, los reflectores nacionales apuntan directamente al Ayuntamiento.
Lo que está saliendo a la luz es terriblemente oscuro.
