TIJUANA BC.-Un agente de la Fiscalía General del Estado, identificado como Humberto Martínez, fue asesinado a balazos esta mañana frente a su casa, en la colonia Buenos Aires Norte, no fue en un operativo, ni en un enfrentamiento, fue en la puerta de su domicilio, en plena luz del día. Los responsables huyeron en dos vehículos, como si matar a un agente del Estado fuera tan rutinario como escapar de un semáforo en rojo.
El crimen no solo es otra estadística para la Fiscalía; es una advertencia, si un investigador de la institución encargada de perseguir delincuentes no está a salvo, ¿qué queda para el resto de los tijuanenses? Tijuana se hunde en una violencia tan normalizada que ya ni los uniformes imponen respeto. La línea entre autoridad y víctima se desdibuja cada semana.
El gobierno municipal, por su parte, sigue obsesionado con pintar cifras de éxito en seguridad, hablan de “coordinación interinstitucional” mientras la ciudad se desangra, hablan de “patrullas nuevas”, pero los asesinos siguen actuando con absoluta impunidad y la Fiscalía que debería ser ejemplo de eficiencia, acumula carpetas sin resolver, homicidios de sus propios agentes incluidos.
Cada ataque contra un policía, un ministerial o un investigador es un golpe directo a lo poco que queda del Estado de derecho, sin embargo, los funcionarios reaccionan con el mismo guion: condenan el hecho, prometen justicia y vuelven a sus comunicados de rutina. La impunidad se volvió parte del protocolo.
La muerte de Humberto Martínez no puede quedar como otra nota roja. Es el reflejo de un sistema que ya no protege ni a quienes lo sostienen. En Tijuana, el miedo ya no distingue entre ciudadanos y agentes. Aquí, la ley también tiene miedo de salir de casa.
