La madrugada de este domingo, en Mexicali, fueron localizados dos mensajes intimidatorios atribuidos a la delincuencia organizada, dirigidos específicamente contra un jefe de la Fiscalía estatal. Las llamadas “narcomantas”, fueron retiradas de inmediato por las autoridades, no solo representan un acto de provocación pública, sino que además contienen acusaciones que buscan poner en entredicho la integridad de las corporaciones encargadas de combatir el delito.
Lo verdaderamente preocupante de este tipo de hechos es que trascienden la mera exhibición de violencia simbólica: se trata de intentos por erosionar la confianza ciudadana en sus instituciones. Cuando un grupo criminal recurre a señalar de presunta corrupción a mandos de la Fiscalía, la afectación no es únicamente hacia una persona en particular, sino hacia la credibilidad de toda la estructura de procuración de justicia.
Estos acontecimientos se suman a las recientes agresiones contra instalaciones de la Fiscalía en Ensenada y Tijuana, donde vehículos oficiales fueron incendiados, en un claro esfuerzo por enviar un mensaje de intimidación. El escenario obliga a reconocer que la delincuencia organizada no solo busca imponerse en las calles, sino también sembrar dudas en el tejido institucional.
El reto es mayúsculo, cada señalamiento de esta naturaleza exige una respuesta transparente y firme por parte de las autoridades, para evitar que la percepción de vulnerabilidad se traduzca en desconfianza ciudadana, la sociedad necesita certeza de que se investigará con rigor cualquier insinuación de vínculo indebido y que, al mismo tiempo, se protegerá a los servidores públicos que cumplen con su deber de manera honesta.
En este contexto, la labor de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas no solo es combatir directamente a los grupos criminales, sino también blindar su propia legitimidad, la confianza pública es un recurso estratégico que no puede darse por sentado: se construye a través de la rendición de cuentas, la solidez en las investigaciones y la capacidad de enfrentar con transparencia los señalamientos, por duros que sean.
Los sucesos de este fin de semana muestran con claridad que el verdadero campo de disputa es también la credibilidad institucional, protegerla, fortalecerla y demostrar con hechos que la justicia no se tuerce es, en este momento, la tarea más apremiante para garantizar que Baja California avance hacia un entorno de mayor seguridad y confianza.
