Banca sin RFC reabre debate por requisitos desiguales en México

La propuesta del gobierno federal para facilitar la apertura de cuentas bancarias sin RFC en una primera etapa fue presentada como una medida de inclusión financiera y digitalización de pagos. Sin embargo, el anuncio volvió a abrir la discusión sobre la diferencia de criterios entre trámites que se simplifican para integrarse al sistema bancario y otros servicios donde usuarios perciben mayores controles de identificación.  

La estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la digitalización de la economía colocó sobre la mesa una pregunta que rápidamente saltó del terreno técnico al debate público: por qué en algunos procesos el gobierno busca reducir barreras de entrada, como ocurre con la apertura de cuentas bancarias sin RFC en una primera etapa, mientras en otros servicios la percepción ciudadana es que cada vez se exigen más datos y validaciones.

Durante su conferencia del 6 de abril, Sheinbaum señaló que el objetivo es ampliar la inclusión financiera y disminuir el uso de efectivo, en coordinación con la banca, Hacienda y el Banco de México. En esa ruta, planteó que personas que hoy están fuera del sistema financiero puedan abrir cuentas bancarias sin contar inicialmente con RFC. En el mismo mensaje, la mandataria dijo que la meta es avanzar este año en pagos electrónicos en casetas y llevar a las gasolineras a operar sin efectivo hacia finales de 2026.  

En términos oficiales, la lógica de la propuesta es que primero ocurra la bancarización y después, en su caso, la formalización. La apuesta consiste en abrir la puerta a cuentas simplificadas para personas que hoy manejan solo efectivo o que no pueden entrar fácilmente a la banca tradicional. Ese planteamiento ha sido presentado como una manera de facilitar pagos digitales, ahorro básico y acceso posterior a otros servicios financieros.  

El contraste aparece cuando se revisa lo que hoy ocurre con las líneas de telefonía móvil. Desde diciembre de 2025, los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establecen que todas las líneas deben estar asociadas a una persona física o moral. Para personas físicas, la identificación oficial debe contener CURP. Para personas morales, el requisito es RFC. La propia ley en materia de telecomunicaciones recoge ese mismo criterio para activar y mantener activo el servicio móvil.  

Eso significa que la comparación entre ambos procesos no es del todo simétrica. En telefonía móvil, al menos en la norma vigente, a las personas físicas no se les pide RFC para registrar una línea, sino identificación oficial con CURP. El RFC aplica a empresas o personas morales. Aun así, la sensación de mayor vigilancia no desaparece del todo entre usuarios, porque el esquema sí implica vincular una línea telefónica con una identidad validada y mantener esa asociación para conservar el servicio.  

En el caso bancario, además, la simplificación anunciada no equivale a una eliminación total de controles. Las cuentas simplificadas en México ya operan bajo un esquema de niveles con límites de abono mensual y restricciones acordes con su menor riesgo. Las reglas del sistema financiero contemplan cuentas de nivel 2 y nivel 3 con topes mensuales y condiciones diferenciadas, precisamente para permitir acceso básico sin equipararlas a cuentas de operación ilimitada.  

Bajo esa óptica, el aparente choque entre “menos requisitos para el banco” y “más controles para otros servicios” responde más a que el Estado está aplicando lógicas distintas según el objetivo de cada sector. En banca, la prioridad pública hoy es incorporar a quienes están fuera del sistema formal. En telecomunicaciones, la prioridad regulatoria ha sido eliminar el anonimato en líneas móviles. La diferencia de enfoque ayuda a explicar la disparidad, aunque no necesariamente disipa la percepción ciudadana de criterios poco uniformes. Esta lectura es una inferencia periodística basada en los objetivos declarados de ambas regulaciones.  

El debate de fondo no está solo en si una medida relaja o endurece requisitos, sino en si existe una política coherente de identificación, privacidad y acceso a servicios. Para una parte de la ciudadanía, facilitar cuentas sin RFC puede verse como una buena noticia de inclusión financiera. Para otra, la coexistencia de ese anuncio con esquemas de registro obligatorio en telefonía refuerza la impresión de que las trabas no desaparecen, solo cambian de lugar.  

Redacción Noticias ContrasteBC