Cuando el yugo se rompe

Hoy en Sinaloa hay una historia mucho más grande que un desafuero municipal. La conversación nacional ya no es solo seguridad: es poder, control político y posibles fracturas internas en uno de los estados más sensibles del país.

Gerardo Vargas Landeros claro y sin rodeos como es su estilo, acusa a Rubén Rocha Moya de haberlo amenazado directamente cuando intentó registrarse para el Senado: “o se disciplinaba o abrimos un expediente”. Qué fina democracia interna: no convencen, aprietan.

La destitución del exalcalde de Ahome fue presentada como combate a la corrupción, pero ahora toma forma de castigo político con sello estatal. Fiscalía, auditoría y congreso alineados como maquinaria de demolición contra quien les dejó de ser útil. Así opera el poder cuando confunde gobierno con rancho y justicia con obediencia.

Vargas Landeros habla por primera vez a profundidad sobre lo que sostiene fue una persecución política: ¿quiénes operaron?, ¿qué intereses hubo detrás? y ¿por qué todo ocurre justo en el momento más delicado para Sinaloa?, porque esto va más allá de un expediente local, es una historia de interés nacional.

Mientras los grupos políticos están unidos, todo se llama “coordinación institucional”, cuando se rompen, aparecen expedientes, amenazas, auditorías selectivas y mensajes incómodos. La mugre siempre sale cuando el pacto deja de pagar dividendos. Gerardo Vargas sostiene que su desafuero es ilegal. Sus abogados piden dejarlo sin efecto, apoyados en una resolución de la Suprema Corte que, limita a la Auditoría estatal para revisar recursos federales. Si eso prospera, el castillo de acusaciones podría quedar como muchas venganzas políticas: ruidoso, costoso y endeble.

El problema es más profundo. No se trata únicamente de saber si Vargas es inocente o culpable, se trata de revisar si las instituciones actuaron por convicción legal o por instrucción política, Rocha Moya no solo carga señalamientos graves en el escenario público; ahora también enfrenta la acusación de haber usado el Estado como garrote. Porque una cosa es gobernar y otra muy distinta es administrar miedo desde el despacho.

Sinaloa se acostumbró demasiado rápido a esta mezcla tóxica donde crimen, poder, elecciones, fiscalías, gobiernos y dinero parecen compartir mesa. Luego se indignan cuando desde fuera les llaman narcoestado, pero cuando las acusaciones incluyen gobernadores, alcaldes, secretarios y operadores financieros, el problema deja de ser percepción: se vuelve estructura organizada.

La tragedia política de Sinaloa es que casi nadie parece sorprendido, se normalizó que los expedientes aparezcan cuando conviene, que las lealtades valgan más que la ley y que las instituciones sirvan para castigar rupturas internas en lugar de proteger a la ciudadanía.

“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”. En Sinaloa, parece que el cuerpo político ya empezó a escupir el veneno. Cuando el yugo se rompe, no cae silencio: caen nombres y Sinaloa parece listo para comenzar a escribir otra historia.

Redacción ContrasteBC