Eva Moreno señala a CESPT por deslaves en Sánchez Taboada

La diputada federal informó a residentes de la colonia Sánchez Taboada que, de acuerdo con un dictamen técnico en poder del Ayuntamiento de Tijuana, los deslizamientos de tierra fueron provocados por fugas de agua no atendidas por la CESPT. Ante ello, pidió una intervención coordinada entre vecinos y autoridades para reparar viviendas, vialidades y atender daños estimados en 180 millones de pesos.

La diputada federal Evangelina Moreno Guerra señaló que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) sería responsable de los deslizamientos de tierra registrados en la colonia Sánchez Taboada, luego de informar a vecinos que existe un dictamen técnico, en manos del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, que atribuye el origen del problema a fugas de agua no atendidas por la paraestatal.

Durante un recorrido por las zonas afectadas, la legisladora visitó viviendas y vialidades dañadas en el fraccionamiento Sánchez Taboada, entre ellas las avenidas Casiopea, Eridano y Cruz del Sur, donde escuchó directamente a residentes y comerciantes que han resentido las consecuencias de los movimientos de tierra ocurridos en plena temporada de lluvias entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Moreno Guerra explicó a la comunidad que sostuvo una reunión previa con el presidente municipal, quien le comunicó que ya se cuenta con un dictamen técnico sobre la situación. De acuerdo con la información transmitida por la diputada, ese documento concluye que los deslizamientos fueron ocasionados por fugas de agua que no recibieron atención por parte de la CESPT, lo que coloca a la paraestatal en el centro de los señalamientos sobre el origen del daño.

La legisladora planteó que, si ya existe un dictamen técnico, un daño identificado y una causa determinada, lo siguiente debe ser avanzar hacia la reparación material de la zona. En ese sentido, propuso que autoridades de los tres órdenes de gobierno participen junto con vecinos organizados en la reconstrucción de más de 20 viviendas, además de la rehabilitación de calles y accesos deteriorados por el deslizamiento del terreno.

Según lo expuesto durante la visita, el costo estimado para atender la remediación integral asciende a 180 millones de pesos. Por ello, la diputada sostuvo que ninguna instancia podrá resolver el problema de manera aislada y que será necesario unir recursos federales, estatales y municipales para intervenir una zona donde los daños ya afectan tanto a familias como a la movilidad y a la actividad comercial.

Moreno Guerra se comprometió a dar seguimiento a las gestiones, aunque también recomendó a los residentes organizarse en un comité vecinal para mantener una vigilancia conjunta sobre los trabajos, los acuerdos y las futuras acciones de reparación. La propuesta busca que la comunidad no quede al margen del proceso y que exista un mecanismo de seguimiento directo por parte de quienes habitan el área afectada.

A la reunión también acudieron comerciantes de la zona, quienes señalaron afectaciones económicas derivadas del problema, al asegurar que la falta de acceso a sus negocios ha reducido sus ventas. De igual forma, estudiantes y personas adultas mayores expusieron que la zona se ha convertido en un punto de riesgo, ya que por la falta de vialidades alternas deben rodear grandes distancias o cruzar espacios inseguros para desplazarse.

Los vecinos sostuvieron que la situación no solo compromete el patrimonio de quienes habitan en las viviendas dañadas, sino también la seguridad cotidiana de la comunidad. Entre las preocupaciones expresadas se encuentra la posibilidad de nuevos accidentes, caídas y mayores afectaciones estructurales mientras no se realice una intervención de fondo en la zona.

El señalamiento público de la diputada coloca presión sobre la CESPT, ya que el planteamiento parte de un dictamen técnico que, según lo informado a la comunidad, ya identifica la causa del daño. Bajo esa lógica, la exigencia principal se orienta a que la paraestatal asuma su responsabilidad en caso de confirmarse oficialmente el contenido del documento y que participe en el inicio de las reparaciones necesarias.

Hasta ahora, el reclamo de residentes y de la legisladora se centra en que ha transcurrido más de 1 año sin una remediación efectiva, pese a la magnitud de los daños y a las afectaciones acumuladas en viviendas, calles y actividad comercial. La demanda inmediata es que el diagnóstico técnico no quede solo en un informe administrativo, sino que se traduzca en acciones concretas, financiamiento y obras para devolver condiciones de seguridad a la zona.

Con esta postura, Evangelina Moreno colocó el tema en una etapa distinta: ya no solo como una denuncia por daños visibles en Sánchez Taboada, sino como una exigencia directa de responsabilidad institucional y reparación, a partir de un dictamen que, según afirmó, ya tiene en sus manos el gobierno municipal.

Redacción Noticias ContrasteBC