Patrulla Espiritual: 7 millones después, ahora todos quieren lavarse las manos

La revisión anunciada por la síndico Teresita Balderas sobre los recursos entregados a la Patrulla Espiritual abre una discusión que va mucho más allá de comprobar facturas. Si existen dudas sobre el destino de 7 millones de pesos de dinero público, también corresponde revisar quién autorizó entregarlos, bajo qué condiciones y por qué se optó por un tercero en lugar de fortalecer la estructura municipal para atender las adicciones.

El problema con los 7 millones de pesos destinados a la Patrulla Espiritual ya no puede reducirse únicamente a preguntar qué hizo la organización con el dinero. Después de los cuestionamientos alrededor del programa y la clausura de la Clínica Jireh, la revisión anunciada por Sindicatura coloca inevitablemente la atención sobre todo el proceso mediante el cual fueron autorizados los recursos.

Teresita Balderas ha señalado que desde julio se solicitó información para comprobar su correcta utilización y ahora incluso se plantea la posibilidad de exigir la restitución del dinero si no se acredita adecuadamente su destino. La fiscalización corresponde a las responsabilidades de Sindicatura, pero también deja una pregunta pendiente: ¿qué se encontró durante estos meses y qué controles existieron desde el momento en que se autorizó el convenio?

La discusión cobra mayor relevancia porque el Ayuntamiento de Tijuana cuenta con el Instituto Municipal Contra las Adicciones, una estructura pública creada precisamente para trabajar en esta problemática. Por ello resulta necesario conocer qué criterios llevaron a destinar una cantidad millonaria a un esquema externo en lugar de utilizar esos recursos para ampliar infraestructura, personal, tratamientos o capacidad de seguimiento dentro del propio IMCAD.

No puede afirmarse, con la información disponible, que los recursos hayan sido utilizados irregularmente. Esa conclusión tendría que surgir de una revisión formal y de las evidencias correspondientes. Sin embargo, si la propia autoridad considera necesario solicitar comprobaciones adicionales y contempla recuperar el dinero, entonces existe una obligación de explicar públicamente cómo fue diseñado y supervisado el convenio.

La responsabilidad tampoco puede concentrarse exclusivamente en la Patrulla Espiritual. Debe conocerse quién aprobó la entrega de los 7 millones, cuáles fueron las metas establecidas, qué mecanismos de evaluación se acordaron, quién debía verificar los resultados y qué documentación se exigió antes y después de entregar los recursos.

Porque fiscalizar al beneficiario es solamente una parte del proceso. También corresponde revisar las decisiones de los funcionarios que autorizaron utilizar dinero público bajo ese modelo.

El asunto alcanza políticamente a la administración encabezada entonces por Ismael Burgueño, actualmente con licencia, debido a que la Patrulla Espiritual fue una de las estrategias visibles impulsadas durante su gobierno. Si el programa fue presentado como una alternativa para atender las adicciones, corresponde ahora conocer sus resultados medibles y determinar si justificaron la inversión realizada.

La pregunta sobre si debieron entregarse esos 7 millones no puede responderse responsablemente sin conocer el expediente completo, el convenio, sus reglas, entregables y comprobaciones. Lo que sí puede exigirse desde ahora es transparencia sobre toda la cadena de decisiones.

La discusión no empezó con la clausura de una clínica ni debería terminar con una solicitud de facturas. Comenzó desde el momento en que el Ayuntamiento decidió que 7 millones de pesos públicos serían destinados a un tercero para atender un problema para el cual ya existe una institución municipal.

Si ahora hay dudas, las explicaciones deben venir de ambos lados: de quien recibió el dinero y de quienes decidieron entregarlo.

Redacción Noticias ContrasteBC