Separan a jueces en Tijuana por irregularidades en multas

El caso abrió una revisión interna sobre la actuación de jueces calificadores en Tijuana, luego de denuncias ciudadanas por posibles reducciones indebidas de multas, cancelación de sanciones y manejo irregular de expedientes relacionados con operativos de alcoholímetro. Hasta el momento, 2 funcionarios fueron separados del cargo mientras continúan las indagatorias.

Una investigación interna en el Ayuntamiento de Tijuana puso bajo revisión la actuación de jueces calificadores por presuntas irregularidades en el manejo de multas derivadas de operativos de alcoholímetro, un caso que ya derivó en la separación de 2 funcionarios y que podría ampliarse conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo con la información expuesta, el foco de los señalamientos está en posibles prácticas irregulares dentro del área encargada de calificar sanciones administrativas. Entre las conductas señaladas aparecen reducciones de multas, cancelación de castigos y acomodo de expedientes en casos relacionados con conductores sancionados en puntos de revisión de alcoholímetro.

El tema cobró fuerza a partir de denuncias ciudadanas que alertaron sobre un posible uso discrecional del sistema de sanciones. Según los señalamientos, algunas infracciones habrían recibido un trato diferenciado, lo que abrió cuestionamientos sobre la legalidad de las resoluciones emitidas y sobre la existencia de beneficios indebidos para ciertos conductores.

La gravedad del caso no se limita al plano administrativo. Los operativos de alcoholímetro forman parte de una política de seguridad vial orientada a retirar de circulación a personas que representan un riesgo para terceros. Bajo esa lógica, cualquier modificación irregular en las sanciones no solo impacta en el cobro de una multa, sino también en la credibilidad del sistema y en la capacidad de disuasión de este tipo de operativos.

En la información disponible se señala que el coordinador del área y parte de su equipo habrían operado estas prácticas a espaldas del consejero jurídico. Aunque ese señalamiento todavía requiere ser esclarecido mediante una investigación formal, el caso ya encendió alertas dentro del gobierno municipal por la posible existencia de un esquema que habría convertido sanciones públicas en beneficios privados.

Como primera respuesta institucional, se indica que el alcalde, la síndica y el consejero jurídico comenzaron a intervenir en el caso luego de conocerse las denuncias. Hasta ahora, la medida confirmada dentro de este contexto es la separación de 2 jueces, lo que representa el primer movimiento visible frente a una situación que podría alcanzar a más personas si se acredita que las irregularidades no eran hechos aislados.

Uno de los puntos que más pesa en la discusión es la posibilidad de que el problema no se reduzca a conductas individuales. La forma en que se describen las presuntas maniobras sugiere un patrón de operación que habría permitido manipular sanciones con cierta soltura. Sin embargo, por ahora no se incluyen en la información disponible documentos oficiales, expedientes concluidos o resoluciones administrativas que permitan determinar el alcance exacto de la red o el número de casos comprometidos.

La atención pública se ha concentrado en si la revisión interna llegará a fondo o si se limitará a la salida de unos cuantos funcionarios. Esa duda surge porque en casos de esta naturaleza el punto central no suele ser solo quién firmó una resolución, sino si existía una estructura que facilitaba, permitía o toleraba estas prácticas dentro del sistema de justicia administrativa municipal.

Hasta el momento, tampoco se detalla cuántas multas habrían sido modificadas, cuánto dinero estaría involucrado ni cuántos expedientes se encuentran bajo revisión. La ausencia de esos datos deja el caso en una etapa inicial, aunque con suficiente impacto público por tratarse de un área sensible vinculada con sanciones, ingresos municipales y seguridad vial.

Lo que sí quedó instalado en la discusión es la sospecha de que un mecanismo creado para reforzar la prevención de accidentes pudo haber sido utilizado también para abrir espacios de discrecionalidad y posibles beneficios irregulares. Esa posibilidad golpea directamente la confianza en las instituciones encargadas de aplicar y calificar sanciones en el ámbito municipal.

La evolución del caso dependerá de si las autoridades presentan resultados concretos, identifican responsabilidades adicionales y aclaran si las irregularidades respondían a decisiones aisladas o a un esquema más amplio de operación dentro del Ayuntamiento. Por ahora, el expediente ya pasó de ser un rumor administrativo a convertirse en un tema de interés público con implicaciones legales y políticas para el gobierno municipal.

Redacción Noticias ContrasteBC