Sindicatura de Tijuana ordena pruebas toxicológicas a personal del Ayuntamiento

Un oficio fechado el 7 de abril de 2026 instruye a la Dirección de Administración de Regidores a notificar a servidores públicos para la aplicación de pruebas de detección de sustancias psicoactivas en el Palacio Municipal. El documento advierte que el incumplimiento podría derivar en multas administrativas y otras consecuencias previstas en la normatividad local.

La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana emitió un oficio para ordenar la aplicación de pruebas toxicológicas a servidores públicos del gobierno municipal, de acuerdo con un documento fechado el 7 de abril de 2026 y dirigido a la Dirección de Administración de Regidores.

El oficio, identificado con el número SP/DP/DAI/463/2026, fue emitido por la Dirección de Asuntos Internos de la Sindicatura Procuradora. En el documento se solicita que personal del Ayuntamiento, previamente identificado en un anexo, sea notificado para presentarse a una jornada de pruebas de detección de sustancias psicoactivas.

Según el contenido visible del documento, las pruebas estaban programadas para realizarse el martes 7 de abril de 2026, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en la Sala de Presidencia ubicada en el primer nivel del edificio de Palacio Municipal, sobre avenida Independencia número 1350, en la Zona Urbana Río de Tijuana.

El texto señala que esta medida se sustenta en diversas disposiciones legales y reglamentarias. Entre ellas menciona artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Ayuntamiento de Tijuana y del Reglamento de la Administración Pública Municipal. También hace referencia a la Norma Técnica número A51, denominada “Lineamientos para la aplicación de las pruebas de detección de sustancias psicoactivas”.

De acuerdo con el documento, la finalidad de estas pruebas es detectar el consumo de sustancias ilícitas entre funcionarios y servidores públicos del XXV Ayuntamiento de Tijuana. La redacción del oficio presenta la medida como parte del programa operativo anual relacionado con la aplicación de este tipo de exámenes dentro de la administración municipal.

Además, el escrito establece obligaciones específicas para el área receptora. Señala que el anexo con los nombres del personal convocado debe ser entregado con firma de recibido de cada servidor público notificado y que dicho documento debe regresar a la barandilla administrativa de la Dirección de Asuntos Internos el mismo día, en un horario de 2:00 a 3:00 de la tarde.

El oficio también instruye que el personal requerido no sea comisionado a otras diligencias en la fecha y hora señaladas, con el fin de garantizar su comparecencia a la prueba. En ese punto, el documento advierte que, en caso de no cumplirse con lo solicitado, podría imponerse una medida de apremio consistente en una multa de hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

En la misma redacción se precisa que desatender la solicitud podría ser considerado falta administrativa en términos del artículo 63 de la legislación citada. Ese elemento convierte el oficio en una instrucción formal con posibles efectos disciplinarios para quienes incumplan con la notificación o con la presentación requerida.

El documento está dirigido a Denisse Gabriela Macareno Luevano, identificada como directora de Administración de Regidores del XXV Ayuntamiento de Tijuana. En la parte inferior aparecen sellos de recibido con fecha del 7 de abril de 2026, así como referencias a la Dirección de Asuntos Internos y a la propia área administrativa de regidores, lo que indica que el oficio fue procesado de manera institucional.

También se observa la firma de Juan Luis Bocanegra Burgueño, identificado en el oficio como director de Asuntos Internos de la Sindicatura Procuradora. El documento incluye membretes oficiales del Ayuntamiento de Tijuana y de la propia Sindicatura, además de la leyenda institucional “Responsabilidad de todos”.

Hasta el momento, con la información visible en la imagen, no se precisa cuántos servidores públicos serían sometidos a estas pruebas ni si la instrucción forma parte de una revisión general o de una acción focalizada en determinadas áreas del Ayuntamiento. Tampoco se incluye en la hoja mostrada el anexo mencionado, por lo que no es posible identificar a las personas convocadas.

Lo que sí queda claro es que la Sindicatura activó un procedimiento formal para la aplicación de pruebas toxicológicas a personal municipal y que el oficio establece un margen de obligatoriedad acompañado de posibles sanciones administrativas en caso de incumplimiento. El documento abre así una línea de atención pública sobre los mecanismos internos de control y supervisión aplicados actualmente dentro del gobierno de Tijuana.

Redacción Noticias ContrasteBC