Trump pide 152 millones de dólares para reabrir Alcatraz como prisión federal

La Casa Blanca incluyó en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027 una partida inicial de 152 millones de dólares para reactivar la histórica prisión de Alcatraz en San Francisco. El proyecto plantea convertir la isla en un centro penitenciario de máxima seguridad, aunque la medida todavía depende de la aprobación del Congreso de Estados Unidos.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó 152 millones de dólares para iniciar la reconstrucción y reapertura de la prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963 y actualmente operada como sitio turístico por el Servicio de Parques Nacionales. La petición fue incorporada a la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para el ejercicio fiscal 2027 como parte de un paquete más amplio destinado al sistema penitenciario federal.  

De acuerdo con reportes difundidos en medios estadounidenses, el objetivo del plan es transformar la antigua cárcel en un penal de máxima seguridad de “última generación” para alojar a algunos de los criminales más peligrosos del país. La propuesta retomó una idea que Trump ya había expresado en 2025 dentro de su discurso sobre endurecimiento penal y orden público.  

La partida de 152 millones de dólares no cubriría el costo total de una rehabilitación integral de Alcatraz, sino el primer año de trabajos para adaptar la isla a una posible operación penitenciaria moderna. El proyecto forma parte de una solicitud mayor para fortalecer infraestructura del Buró Federal de Prisiones, en medio de un debate sobre el estado de las cárceles federales y la estrategia de seguridad del actual gobierno estadounidense.  

Alcatraz funcionó como prisión federal hasta 1963 y llegó a albergar a reclusos de alta notoriedad como Al Capone. Su cierre obedeció principalmente a sus altos costos operativos y a problemas de infraestructura, entre ellos el abastecimiento de agua, el manejo de residuos y el mantenimiento de instalaciones en una isla separada del continente. Esos antecedentes han sido utilizados por críticos del plan para cuestionar la viabilidad financiera y operativa de reabrir el complejo más de 60 años después.  

La propuesta también ha generado oposición política en California. Versiones periodísticas señalan que dirigentes demócratas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han cuestionado el proyecto por considerarlo costoso, simbólicamente punitivo y poco justificado frente a otras necesidades presupuestarias. A ello se suma que Alcatraz es hoy un punto turístico emblemático de San Francisco y un sitio histórico con protección federal, por lo que cualquier reconversión implicaría revisiones legales, presupuestales y administrativas adicionales.  

Hasta ahora, la solicitud incluida en el presupuesto no representa una autorización definitiva para reabrir la prisión. En el sistema estadounidense, las partidas propuestas por la Casa Blanca deben ser discutidas y aprobadas por el Congreso, por lo que el destino del proyecto dependerá de negociaciones legislativas y del nivel de respaldo político que logre reunir la administración Trump. Reuters reportó que se trata de una propuesta no vinculante mientras no exista aval legislativo formal.  

El planteamiento aparece en un momento en que Trump busca reforzar su narrativa de mano dura frente al crimen. Reabrir Alcatraz tiene un peso más allá de lo operativo por el simbolismo histórico que rodea a la prisión, conocida durante décadas como una de las más severas y seguras del sistema penitenciario estadounidense. En ese sentido, la iniciativa combina una señal política con una apuesta presupuestaria que todavía deberá pasar por filtros técnicos y legislativos. Esta lectura es una inferencia basada en el contexto del presupuesto y en la forma en que la administración ha presentado la medida.  

Por ahora, lo concreto es que la Casa Blanca ya colocó en la discusión federal una propuesta para reactivar una cárcel cerrada desde hace más de 6 décadas. La medida ha abierto un nuevo frente de debate en Estados Unidos sobre costos, prioridades de gasto, política criminal y uso de espacios históricos. Mientras no exista aprobación del Congreso, el plan se mantiene como una intención presupuestaria con alto impacto político y mediático, pero sin ejecución garantizada.  

Redacción Noticias ContrasteBC