Violencia de género o blindaje político con membrete

En Baja California acaba de ocurrir uno de esos prodigios nacionales donde la política mexicana logra convertir un pleito de poder en una clase exprés de moral pública. El Tribunal de Justicia Electoral sancionó a Jaime Bonilla por violencia política en razón de género contra Marina del Pilar Ávila, tras considerar que sus declaraciones incluyeron expresiones misóginas, estereotipos de género, calumnias, además de un intento por minar la investidura de la gobernadora. La receta incluyó amonestación pública, capacitación obligatoria e inscripción en los padrones estatal y nacional de personas sancionadas.  

Hasta ahí, el discurso oficial suena impecable: el machismo no puede seguir disfrazado de crítica política. Correcto. El problema empieza cuando se pretende vender la idea de que toda descalificación contra una mujer en el poder es, por decreto sentimental, violencia de género. No, la ley mexicana no castiga simplemente el comentario desagradable ni la crítica feroz; exige que exista un componente basado en elementos de género, es decir, que el ataque se apoye en su condición de mujer o en estereotipos sexistas para menoscabar el ejercicio del cargo. Ese detalle jurídico, tan incómodo para la propaganda, importa bastante.  

Aquí está la pregunta que el poder prefiere evitar: si exactamente lo mismo se le hubiera dicho a un gobernador varón, ¿también estaríamos hablando de violencia de género? Evidentemente no. Estaríamos ante grilla, guerra sucia, quizá calumnia política, quizá una embestida verbal más del circo local. Por eso la clave no está en que el señalamiento sea duro, injusto o brutal, sino en si usó códigos de “mujer incapaz”, “mujer frívola”, “mujer gobernada por otros”. Si el tribunal probó eso, la sanción tiene sustento, si no lo probó con precisión, entonces la etiqueta sirve más como escudo que como justicia.  

También conviene recordar otro detalle que arruina la comodidad del relato: en Baja California la difamación y la calumnia fueron eliminadas del Código Penal hace años. Eso no vuelve respetable la acusación irresponsable, pero sí obliga a discutir el caso en sus términos reales, no en nostalgia punitiva. Bonilla no fue castigado por “hablar feo”; fue sancionado porque la autoridad consideró que cruzó la línea del ataque político hacia el uso de estereotipos de género.  

La moraleja es menos heroica de lo que quisieran ambos bandos. Bonilla no es mártir de la libre expresión; suele practicar la estridencia como método. Marina tampoco debería convertir cada crítica severa en certificado automático de misoginia. Entre el machismo real y la victimización rentable hay una frontera que el poder suele borrar con entusiasmo. Ahí, justo ahí, empieza el fraude del lenguaje político.

Redacción Naticias ContrasteBC